La protesta de activistas animalistas frente al Deportivo Hermanos Galeana volvió a colocar en la agenda pública el destino de los perros que permanecían en el Refugio Franciscano. Aunque el operativo fue ejecutado por autoridades capitalinas, las condiciones posteriores al traslado generaron molestia y desconfianza entre defensores de los animales.
Desde primeras horas del día, integrantes de colectivos bloquearon los accesos al deportivo para exigir información clara. Aseguraron que los perros fueron retirados del refugio durante un operativo nocturno y trasladados a instalaciones administrativas, sin que se informara de manera oportuna sobre su resguardo.
Activistas Denuncian Presunto Maltrato Animal
Los manifestantes señalaron que alrededor de cien perros habrían quedado bajo resguardo en el Refugio Franciscano en condiciones que consideran preocupantes. Aunque reconocen que las autoridades pueden actuar ante una orden judicial, advirtieron que esto no justifica posibles omisiones en el cuidado básico de los animales.
De acuerdo con los reclamos, no existe información pública suficiente que detalle quién está a cargo del bienestar de los perros ni qué protocolos se están siguiendo. Esta falta de claridad, afirmaron, alimenta la sospecha de un posible caso de maltrato animal tras el traslado.
Los colectivos insistieron en que los perros fueron rescatados previamente de situaciones de abandono. Por ello, subrayaron que cualquier cambio en su custodia debe garantizar condiciones dignas, supervisión veterinaria y seguimiento constante para evitar riesgos a su salud.
Vecinos Se Suman Y Autoridades Responden
Durante la movilización, vecinos de la colonia San Juan de Aragón también se sumaron al bloqueo. Algunos respaldaron la exigencia de transparencia en el manejo de los perros. Otros aprovecharon la protesta para manifestar su rechazo a la construcción de una Utopía en el predio donde antes operaba el refugio.
Este contexto amplió el conflicto, ya que el reclamo dejó de centrarse únicamente en los animales y se vinculó con preocupaciones urbanas y comunitarias. Para los vecinos inconformes, el operativo y el proyecto en la zona forman parte de una misma falta de diálogo con la comunidad.
Ante las críticas, autoridades capitalinas rechazaron que el traslado haya sido un despojo. Señalaron que el operativo respondió al cumplimiento de una orden judicial por presunto maltrato animal dentro del Refugio Franciscano. También afirmaron que en el sitio se detectaron condiciones insalubres, presencia de fauna nociva y un crematorio clandestino.
Gobierno Descarta Intereses Inmobiliarios
En medio de la polémica, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no se autorizará ningún desarrollo inmobiliario en el predio donde operaba el refugio. Con esta declaración, buscó desligar el operativo de cualquier interés urbano o comercial.
Sin embargo, para los activistas, estas declaraciones no resuelven la principal preocupación. Insisten en que el foco debe estar en el estado actual de los perros y en las condiciones reales en las que se encuentran tras su reubicación.
Por ello, exigieron que se permita la verificación independiente por parte de organizaciones civiles y especialistas en bienestar animal. También pidieron informes públicos y actualizados sobre la salud, alimentación y resguardo de los canes.
Exigen Información Clara Y Seguimiento Público
Los colectivos reiteraron que su objetivo no es confrontar, sino garantizar el bienestar de los animales. Señalaron que la transparencia es clave para evitar conflictos y para asegurar que los perros no vuelvan a ser víctimas de abandono o negligencia institucional.
Además, propusieron que se establezca un mecanismo de seguimiento permanente para que no se repitan eventos como los del Refugio Franciscano. Esto incluiría reportes periódicos, acceso controlado a los espacios donde se encuentran los perros y un plan definido para su reubicación definitiva en espacios adecuados.
Mientras tanto, la protesta dejó en evidencia que el tema del cuidado animal sigue siendo altamente sensible. Aunque las autoridades sostienen que actuaron conforme a la ley, la falta de información detallada mantiene la inconformidad. El caso continúa bajo la atención pública y de colectivos animalistas.
