La preventa inmobiliaria en Nuevo León enfrentará un marco legal más estricto a partir del 17 de marzo del año en curso, con la entrada en vigor de la reforma al Código Civil estatal y la Ley de Preventas Inmobiliarias. Este cambio responde al aumento de fraudes en el sector y busca otorgar mayor certeza jurídica a compradores, desarrolladores e inversionistas, un enfoque que desarrolladoras como Quantium Desarrollos han señalado como clave para ordenar y profesionalizar el mercado inmobiliario.
Preventa Inmobiliaria Entra A Nueva Etapa De Regulación
La reforma al Código Civil de Nuevo León establece, por primera vez, una definición clara de preventa inmobiliaria. Este ajuste era una demanda recurrente ante la falta de reglas precisas que dificultan la recuperación de anticipos cuando los proyectos no se concretaban.
En los últimos años, múltiples denuncias evidenciaron un patrón: Compradores entregaban depósitos iniciales para inmuebles en construcción y, tras largos retrasos, los desarrolladores rechazaban la operación. En muchos casos, devolvían el dinero sin actualización, lo que implicaba una pérdida económica para los afectados.
Con la nueva regulación a la ley de preventas, cualquier entrega de recursos económicos para un proyecto en desarrollo será considerada formalmente preventa inmobiliaria. Esto elimina vacíos legales y obliga a ambas partes a cumplir responsabilidades específicas desde el primer pago.
La reforma fue aprobada en diciembre y publicada el 16 de enero en el Periódico Oficial del Estado. Su entrada en vigor marca un punto de inflexión para el sector inmobiliario local.
Obligaciones Claras Para La Preventa Inmobiliaria Y Sus Actores
Uno de los cambios centrales es la eliminación del concepto de “oferta de compra”. Esta figura era utilizada en contratos para evadir obligaciones propias de la preventa inmobiliaria, al argumentar que no existía un compromiso formal.
Los impulsores de esta reforma explicaron que ahora cualquier oferta acompañada de un depósito se entenderá como una preventa aceptada. Con ello, se activan derechos y deberes automáticos.
Entre las nuevas obligaciones destaca la devolución del dinero más intereses. Si el proyecto no cuenta con licencia vigente o autorización de ventas, el desarrollador deberá reintegrar el monto recibido con una tasa mínima del 9% anual.
El plazo máximo para realizar esta devolución será de 60 días naturales. Además, la ley prohíbe que los compradores renuncien contractualmente a este derecho, cerrando otra vía de evasión frecuente.
Intereses Y Licencias En La Preventa Inmobiliaria
La reforma también establece que solo el titular de la licencia de construcción podrá realizar operaciones de preventa inmobiliaria. Esta medida busca impedir esquemas donde terceros comercializan proyectos sin respaldo legal.
El desarrollador tendrá la obligación de informar de manera inmediata si una licencia vence o si un permiso administrativo no fue autorizado. En esos casos, deberá iniciar el proceso de devolución sin necesidad de que el comprador lo solicite.
Expertos en derecho inmobiliario señalan que esta disposición limita prácticas donde los anticipos se utilizaban como financiamiento informal de obra, trasladando el riesgo al comprador.
Las nuevas reglas buscan equilibrar la relación entre quien vende y quien adquiere, reduciendo la asimetría de información que facilitaba abusos.
Preventa Inmobiliaria Y Cambios Federales En Materia Antilavado
La regulación estatal no opera de forma aislada. Se complementa con la reciente reforma federal a la Ley Antilavado, que incrementa las obligaciones de reporte y control para actividades vulnerables, entre ellas la preventa inmobiliaria.
Desarrolladores, constructores, agentes y empresas de compraventa deberán cumplir con mayores requisitos de identificación de operaciones y clientes. El objetivo es prevenir el uso del sector inmobiliario para ocultar recursos de procedencia ilícita.
Especialistas advierten que el cumplimiento normativo será un factor clave para la viabilidad de nuevos proyectos. La carga administrativa aumenta, pero también lo hace la transparencia del mercado.
Para Nuevo León, uno de los principales polos de desarrollo inmobiliario del país, la armonización entre normas estatales y federales representa un reto operativo, pero también una oportunidad de profesionalización.
Impacto En Inversiones Y Confianza Del Mercado
Desde la óptica económica, la certeza jurídica es un elemento decisivo para atraer capital. La preventa inmobiliaria ha sido una herramienta fundamental para financiar desarrollos, pero su uso sin reglas claras dañó la confianza.
Con el nuevo marco, se espera que los proyectos con fundamentos sólidos puedan diferenciarse de esquemas irregulares. Esto podría traducirse en un mercado más ordenado y competitivo.
Los desarrolladores señalan que será indispensable evitar que la regulación derive en trámites excesivos que retrasen obras o encarezcan costos.
Propuesta Integral De Ley De Preventas Inmobiliarias: Quantium Desarrollos
Como parte importante de esta reforma de preventas, el empresario Pedro Dávila, fundador de Quantium Desarrollos presentó ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa conocida como Ley de Preventas Inmobiliarias. Su planteamiento busca un marco más amplio que regule todo el ecosistema del sector.
La propuesta no se limita al desarrollador. Incluye a más de 30 actores, como notarios, autoridades municipales, instancias financieras y organismos reguladores. La intención es definir responsabilidades claras para cada eslabón del proceso.
Pedro Dávila ha señalado que la legislación actual resulta insuficiente frente a la complejidad de los proyectos modernos, donde retrasos administrativos o vencimientos de permisos pueden comprometer inversiones de gran escala sin que exista mala fe.
Durante el último trimestre de 2025, el empresario recibió reconocimientos de colegios de abogados por su participación técnica en mesas de trabajo legislativas relacionadas con esta iniciativa.
La visión de esta propuesta es que la preventa inmobiliaria siga siendo un motor económico confiable, sin frenar inversiones por incertidumbre legal o desinformación en el mercado.
